En una alocución televisada, el presidente Gustavo Petro lanzó promesas de gran impacto para el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Entre los anuncios más sorprendentes, destacó la entrega de $1’280.000 mensuales a los campesinos para sustituir cultivos ilícitos, como parte de una estrategia que incluye la erradicación de 25.000 hectáreas de coca. Esta medida forma parte de su ambiciosa política de “paz total”.
Pero, ¿son realmente viables estas promesas? El Catatumbo enfrenta una grave crisis humanitaria con más de 55.000 desplazados y 60 muertos debido al conflicto entre las disidencias de las Farc y el ELN, mientras que la complicidad del régimen venezolano con los grupos armados agrega una capa de complejidad a la situación. La viabilidad de las promesas de Petro se pone en duda ante la presencia de poderosos actores ilegales que controlan la economía local a través del narcotráfico y la violencia.
Con 25.000 hectáreas de coca como objetivo, la pregunta es si el gobierno puede realmente transformar esta región, recuperar la soberanía y garantizar que estos apoyos no terminen siendo solo palabras vacías. La paz en el Catatumbo no depende solo de buenas intenciones, sino de la capacidad del gobierno para enfrentar obstáculos internacionales y locales, y ofrecer resultados tangibles en una zona marcada por años de violencia y abandono.