En el marco de la conmemoración del Día Nacional Contra la Corrupción, el Gobierno Nacional entregó el Libro de la Verdad a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para que se inicien los procesos preliminares de investigación sobre presuntos hechos irregulares que se hallaron durante el empalme unilateral.
Con este propósito, el Vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano hizo la presentación del documento, del cual dijo que “el Libro de la Verdad no es el fin de la historia. Lo que sigue es la tarea de seguir identificando casos sobre estos patrones de comportamiento corrupto u otro patrón nuevo, en cabeza de los ministros y ministras actuales y de los directores y con las instancias que usted designe para hacerle seguimiento y seguir poniendo de presente los casos ante las autoridades judiciales y órganos de control».
En su intervención, destacó que esta labor se desarrolló solo en un par de meses en trabajo conjunto entre “el equipo élite anticorrupción, el equipo técnico y el equipo de empalme y a los ministros», los cuales “realizaron en el fondo este trabajo con rigor, con cuidado y con responsabilidad».
El Vicepresidente aseguró que fueron casi 1.300 personas las que trabajaron en equipos sectoriales que utilizaron “prácticas modernas de auditoría forense, seguimiento permanente a todos los procesos de contratación, uso activo de inteligencia artificial, un esfuerzo de cada uno de los ministros y ministras designados de sus equipos de empalme» que además contó con “una línea abierta anticorrupción para los ciudadanos, donde recibimos cientos de denuncias de gente del común, pero también de servidores públicos».
De inmediato pasó a relatar los hallazgos que se lograron en el proceso investigativo, para lo cual dijo que “nuestro método nos permitió pasar de casos a patrones de comportamiento» que no se tratan de “hechos aislados en 22 sectores críticos, sino que estamos viendo nueve comportamientos críticos que se repiten con las mismas características en múltiples entidades».
“Estamos yendo a la causa raíz que explica un actuar ineficiente o corrupto del Estado que rompe con su función social», anotó.
Nueve comportamientos
Con base en lo anterior, el Vicepresidente enumeró nueve comportamientos o actuaciones que se encontraron en el proceso así:
“1. Destrucción del rigor técnico. Se saltan normas y procedimientos, dejan a un lado el mérito y la experiencia y como resultado llegan a decisiones erráticas o indebidas.
2. Colapso de la capacidad tecnológica, sistemas obsoletos, plataformas cerradas, plataformas que controlan la función pública llevándolo a menos control y a espacios de irregularidades.
3. Opacidad y distorsión de la información pública, cifras acomodadas, información incompleta y datos falsos. Así se hace imposible tomar decisiones acertadas.
4. Parálisis operativa. En 12 sectores encontramos recursos que no son ejecutados debidamente, presupuestos incumplidos y soluciones que nunca llegan.
5. Captura contractual y concentración del poder operativo, contratos, recursos y acciones concentradas repetidamente en pocos contratistas que aumentan los riesgos de direccionamiento indebido y de corrupción.
6. Expansión del riesgo litigioso. Por malas decisiones y desorden, el Estado queda expuesto a sanciones, demandas y pleitos multimillonarios que terminan pagando los colombianos con sus impuestos.
7. Pérdida del control operativo. Un Estado que perdió presencia y capacidad de ejercer autoridad en territorios donde grupos armados y economías ilegales ganaron poder e influencia.
8. Fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica. Cada entidad actúa por su cuenta, duplica esfuerzos, diluye responsabilidades y al final se deja, se llega al despilfarro y al favorecimiento indebido.
9. Capacidad fiscal restringida e irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Derroche, gastos crecientes, sobreendeudamiento que dejan a un país con menos capacidad de inversión».
“Esos nueve comportamientos son la anatomía de las instituciones extractivas que encontramos, diseñadas en la práctica para concentrar beneficios y para decisiones en pocas manos, en lugar de dar oportunidades a todos los colombianos. Y la consecuencia son instituciones extractivas que solo restan, que no construyen país, lo deterioran. Cada contrato capturado, cada cifra maquillada, cada trámite paralizado es menos futuro para Colombia», dijo.
De la misma manera, el Vicepresidente trajo a colación cinco ejemplos de las 82 actuaciones que se hallaron para evidenciar las irregularidades encontradas en el proceso de empalme.
En este sentido, enumeró:
- “Opacidad y distorsión de la información pública. Un manejo de la deuda que compromete las finanzas públicas del país por años, elevando el límite de adjudicación por emisión de títulos TES del 50 al 100%, concentrándola en pocos tenedores y tasas de interés de colocación que oscilan entre el 13 y el 15%, el doble de las que se tenían a inicios de 2022.
Y en adición, acumulación preocupante de vencimientos en 2026, 2029 y 2030. Este es un golpe silencioso al bolcillo de los colombianos que terminarán recibiendo menos presupuesto nacional para propósitos sociales, dada su destino a pagar más deuda e intereses de deuda pública.
- Fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica. Santurbán. A tres semanas de dejar el poder y un día antes de entregar el gobierno, el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones que delimitaron apenas 29 mil hectáreas del páramo, desconociendo un fallo de la Corte Constitucional.
Persisten más de 200 bocaminas ilegales de mercurio y arsénico contaminado la fuente hídrica de 2.5 millones de colombianos. Justamente por ello, la Procuraduría ya abrió expedientes disciplinarios contra los responsables. - Captura contractual y concentración del poder operativo FonIgualdad. $140 mil millones pagados a una sola empresa temporal, sin soporte de que el personal contratado cumpliera la finalidad del fondo. La Contraloría calificó el riesgo como Estado crítico. Mientras la entidad se liquidaba, se siguieron firmando contratos por 68 mil millones de pesos adicionales. Eso no es política social, eso es apropiación del aparato del Estado por unos pocos con nombre y apellido propio. Capacidad fiscal restringida.
- La desfinanciación del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026. Agotaron en julio del 2026 el presupuesto asignado para todo el año, para nuestros 3 millones de adultos mayores. No dejaron planes de contingencia al haber propuesto coberturas sin sustento financiero. Esto fue poner en riesgo la población vulnerable y demuestra indolencia frente al que menos tiene.
- Destrucción del rigor técnico, la Cancillería. 785 contratos por 83 mil millones firmados antes de Ley de Garantías, degradando los requisitos para representar a Colombia en el exterior, incluida la eliminación del requisito de segundo idioma. En paralelo, $8.500 millones en sedes temporales de apenas 90 a 120 días. El Servicio Exterior de la República convertido en botín de última hora».
Datos relevantes
Por su parte, el Director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España detalló más hallazgos del Equipo Élite Anticorrupción durante el tiempo del empalme.
Según dijo, un primer caso fue con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta y el proceso de contratación para el diseño, construcción y funcionamiento de una planta desalinizadora, que “comprometía recursos cercanos a los 786 mil millones de pesos del Ministerio de Vivienda, iniciándose pocas semanas antes de que finalizara el anterior gobierno».
El jurista reveló que “este caso fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación ante solicitud de intervención de ese órgano de control que elevamos desde el Equipo Élite Anticorrupción del Empalme».
Otro de los casos tiene que ver con la convocatoria a la sesión ordinaria del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación del 6 de agosto, un día antes del cambio de gobierno, en la que, según indicó “se tenía previsto definir proyectos financiados con recursos cercanos a los 900 mil millones de pesos. Este caso fue también suspendido por cuenta de una solicitud que elevara el equipo anticorrupción y por parte de la Procuraduría General de la Nación».
El tercer ejemplo se basó en lo que calificó “la engañosa reforma agraria del gobierno anterior», para lo cual denunció que “la Agencia Nacional de Tierras desembolsó un billón de pesos para la adquisición de predios, amparada en un convenio entre esa Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales, SAE».
No obstante, “los análisis parciales y forenses concluyentes y concluyen que en la vigencia de 2025 únicamente tres predios de 537 que estaban previstos titularizar fueron entregados con un registro de propiedad debidamente tramitado ante una notaría. El resto de casos, que supera el 95% de los predios, fueron entregados a los ciudadanos sin un título debidamente legalizado».
Esto, según advirtió, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación y disciplinariamente ante la Procuraduría.
Dentro de las denuncias, según Calderón España, está la de los denominados Caminos Comunitarios para la Paz, para los cuales “se identificaron recursos destinados a las Juntas de Acción Comunal para la intervención de infraestructura por más de 612 mil millones de pesos, los cuales derivaron en una muy baja ejecución. En algunos municipios se había girado la totalidad de los recursos a pesar de que las obras no registran avances físicos de ninguna índole».
“En este caso, el equipo élite anticorrupción elevó denuncia penal y disciplinaria ante las autoridades competentes».
Se refirió a la compra de servicios de ciberseguridad destinados a diferentes entidades estatales “en un proceso de contratación en el SECOP II con un presupuesto de cero pesos. Sin embargo, el valor estimado de la contratación ascendía a 300 mil millones de pesos, un proceso adelantado por Colombia Compra Eficiente, pero que, por fortuna, fue suspendido por el Procurador General de la Nación ante una solicitud de intervención del equipo élite anticorrupción».
Finalmente, denunció los hallazgos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), de la que dijo “solo ejecutó el 4.3% del presupuesto durante los cuatro años del anterior gobierno».
Adicionalmente, se evidenció que “giraron recursos por 856 mil millones de pesos sin ninguna urgencia y se perdió el rastro en 1.38 billones de pesos».