El Ministerio de Transporte lamentó el fallecimiento de Alexander Avendaño, ocurrido el pasado 24 de mayo en el embalse El Peñol, en Guatapé (Antioquia), y expresó sus condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos.
Mientras avanzan las investigaciones de las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho, la cartera de Transporte reiteró que la protección de la vida y la seguridad de los usuarios del transporte fluvial son principios irrenunciables.
“La seguridad no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de requisitos documentales. Cada operador tiene la obligación permanente de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
De acuerdo con la información verificada por las autoridades competentes, la embarcación involucrada contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, incluyendo patente de navegación, certificado de inspección técnica, elementos de seguridad reportados, plan de mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil.
Sin embargo, el Ministerio recordó que el cumplimiento de estos requisitos no exime a los operadores de su responsabilidad de garantizar condiciones seguras durante cada operación.
La Ley 1242 de 2008 establece que las embarcaciones destinadas a actividades turísticas, recreativas y deportivas deben contar con equipos de salvamento adecuados y exige el uso permanente del chaleco salvavidas por parte de pasajeros y tripulación desde el embarque y durante todo el recorrido.
La normatividad también prohíbe el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez, así como el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas durante la navegación.
Los reportes preliminares conocidos por las autoridades indicarían posibles incumplimientos de estas disposiciones de seguridad, especialmente en aspectos relacionados con el uso obligatorio de elementos de protección y otras condiciones operacionales que actualmente son objeto de investigación.
De confirmarse estas conductas, podrían configurarse infracciones al régimen de transporte fluvial y dar lugar a sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de los prestadores del servicio.
“El llamado es a todos los operadores, capitanes, tripulantes y usuarios para que cumplan rigurosamente las normas de seguridad. La prevención de este tipo de hechos es una responsabilidad compartida y cada medida de protección puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia”, agregó la ministra.
El Ministerio de Transporte continuará colaborando con las autoridades competentes en el desarrollo de las investigaciones y acompañará las acciones orientadas a fortalecer la cultura de seguridad en la navegación fluvial en todo el país.
Con información del Ministerio de Transporte