El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció este martes 17 de junio sobre el caso del ciudadano estadounidense que fue capturado en Bogotá tras ser señalado en redes sociales de un presunto abuso contra menores de edad, acusación que posteriormente fue descartada por las autoridades.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario lamentó lo sucedido y ofreció disculpas públicas al extranjero, luego de que se esclarecieran los hechos que generaron una fuerte reacción ciudadana y una ola de comentarios en plataformas digitales.
La situación se originó tras la difusión de un video grabado por una mujer, en el que se observaba al ciudadano extranjero en el balcón de un apartamento ubicado en una zona residencial de la capital del país. Sin contar con información completa sobre el contexto, numerosos usuarios en redes sociales interpretaron la escena como un posible caso de abuso infantil y exigieron la intervención inmediata de las autoridades.
Tras recibir las denuncias, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar y procedieron a la detención preventiva del hombre. Según se conoció, varios residentes del sector intentaron agredirlo físicamente antes de que fuera trasladado por las autoridades.
Sin embargo, las investigaciones posteriores permitieron establecer que los tres menores que se encontraban en la vivienda no habían sido víctimas de abuso ni de ningún tipo de violencia. Además, se confirmó que el ciudadano estadounidense y su pareja adelantaban un proceso legal relacionado con la adopción de los niños.
Ante esta situación, el ministro Cuervo destacó que el caso debe servir como una reflexión sobre la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, principios fundamentales del Estado de Derecho.
“Que esto nos sirva a todos”, manifestó el funcionario, al tiempo que hizo un llamado a evitar los señalamientos y condenas anticipadas basadas únicamente en versiones difundidas a través de redes sociales.
Las autoridades reiteraron la necesidad de permitir que las investigaciones avancen antes de emitir juicios, con el fin de evitar afectaciones irreparables a la honra y buen nombre de las personas involucradas.