El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte destaparon uno de los mayores escándalos relacionados con fotomultas en Colombia, luego de detectar presuntas irregularidades en millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024.
La investigación involucra a 37 organismos de tránsito del país y podría derivar en la anulación de más de 5,8 millones de multas electrónicas que, según las autoridades, habrían sido aplicadas sin cumplir los requisitos técnicos exigidos por la ley.
De acuerdo con el informe oficial, la Superintendencia revisó 533 cámaras de fotodetección autorizadas en el territorio nacional y encontró inconsistencias en varios sistemas utilizados para imponer comparendos.
Entre los hallazgos, se evidenció que 12 organismos de tránsito habrían operado cámaras sin contar con el concepto técnico de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito obligatorio para validar legalmente estos dispositivos.
Asimismo, otras entidades habrían utilizado permisos expedidos a terceros o comenzaron a operar antes de obtener las autorizaciones correspondientes, incumpliendo lo establecido en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
Según las cifras reveladas por el Gobierno nacional, actualmente son revisados cerca de 7,6 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024. De ese total, 5.832.906 fotomultas podrían perder validez jurídica por las fallas detectadas en los sistemas tecnológicos utilizados.
Uno de los puntos que más preocupación genera tiene que ver con los ciudadanos que ya cancelaron estas sanciones. Las autoridades indicaron que existen 1.582.398 comparendos pagados, lo que representa un recaudo superior a 1,05 billones de pesos.
En caso de confirmarse las irregularidades, los conductores afectados podrían reclamar la devolución del dinero cancelado por estas multas electrónicas.
El informe también advierte que los organismos de tránsito involucrados podrían enfrentar sanciones económicas que superarían los 2,1 billones de pesos.
Entre las ciudades con mayor cantidad de comparendos bajo investigación aparece Cali, con cerca de 2,7 millones de fotomultas cuestionadas, seguida por otros grandes centros urbanos como Medellín y Bogotá.
Mientras avanzan las investigaciones, millones de conductores en el país permanecen atentos a las decisiones que adopten las autoridades frente a este proceso que podría marcar un precedente nacional en materia de fotodetección y sanciones de tránsito.