Impactan grupo delincuencial señalado de captar e instrumentalizar menores para producir videos con contenido sexual explícito

  • Las víctimas eran trasladadas a una vivienda de Cúcuta (Norte de Santander), inducidas a grabar registros audiovisuales o hacer transmisiones mientras ejercían actividades de tipo sexual.

La Fiscalía General de la Nación identificó a siete presuntos integrantes de una red delincuencial que estaría involucrada en la captación e instrumentalización de menores para realizar videos con contenido explícito en Cúcuta (Norte de Santander).

Se trata de Deysi Liliana Castro Navarro, Héctor Manuel Molina Hernández, Waldo Enrique Miranda Carreño, Carlos Oved Villamizar Gelves, Alexander Adolfo Torres Paz, Diego Alejandro Vielma Márquez y Emir Armando González Palacios.

Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en un inmueble del barrio Comuneros. En los procedimientos se logró recuperar a cinco adolescentes que estarían siendo explotadas sexualmente, y quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Adicionalmente, fueron incautados un dispositivo de grabación de video digital, un computador portátil, celulares, discos duros, 98 documentos de identificación de ciudadanos colombianos, venezolanos, guatemaltecos y chilenos, además de licencias de conducción, entre otros elementos.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de trata de personas, pornografía en menor de 18 años, proxenetismo en menor de edad y falsedad material en documento público. Los cargos no fueron aceptados.

Cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Villamizar Gelves y Molina Hernández continuarán vinculados a la investigación.

El material de prueba indica que este grupo ilegal, al parecer, contactaba a las menores, las trasladaba a una vivienda y, aprovechando su condición de vulnerabilidad, las inducía a hacer transmisiones en vivo o grabar videos ejerciendo actividades de tipo sexual, los cuales eran comercializados y publicados por redes sociales y plataformas digitales.

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