Identificadas personas señaladas de obtener videos con contenido explícito de menores de edad y compartirlos a contactos internacionales

Entre los procesados hay un ciudadano mexicano que habría contactado a varias de las víctimas muy cerca de colegios y, en medio de ofrecimientos de dinero, sometido a diferentes vejámenes de tipo sexual.

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), identificó a siete personas señaladas de explotar sexualmente a menores de edad, a través de plataformas virtuales, entre otras conductas ilícitas.

Las evidencias indican que seis de los involucrados presuntamente contactaban a niños, niñas y adolescentes en Medellín (Antioquia), la mayoría de su entorno familiar cercano o vecinos del sector donde vivían, y en medio de engaños los instrumentalizaban para producir material audiovisual con contenido explícito, el cual compartían a enlaces en Estados Unidos por sistemas de mensajería instantánea con fines comerciales.

Otros de los posibles responsables, el ciudadano mexicano Cein Quezada Ríos, al parecer, ubicaba a menores de edad en inmediaciones de los colegios y los convencía de desplazarse a su lugar de residencia para someterlos a distintos vejámenes de tipo sexual, a cambio de sumas que oscilaban entre 80.000 y un millón de pesos.

Por estos hechos, fiscales de la Unidad de Delitos priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) y CAIVAS de Medellín imputaron a estas personas, según su presunta responsabilidad, los delitos de demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía con menores de 18 años agravada y proxenetismo con menor de edad.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entre tanto, varios de los menores de edad instrumentalizados por sus padres y otros familiares fueron recuperados y puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

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