Gobierno refuerza control a contratistas incumplidos

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ordenó a todas las entidades del Estado reportar obligatoriamente sanciones y decisiones contra contratistas, con el fin de cerrar brechas de información y fortalecer la transparencia en la contratación pública.

A través de la circular 002 de mayo de 2026, la agencia instruyó a las entidades estatales, sin importar su régimen de contratación, a registrar ante las Cámaras de Comercio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) todas las medidas relacionadas con incumplimientos contractuales, como caducidades, multas, sanciones, inhabilidades y sentencias condenatorias.

La decisión responde a un estudio realizado junto al Banco Mundial, que evidenció un preocupante subregistro de este tipo de información. Este vacío ha permitido que entidades públicas contraten proveedores con antecedentes negativos o incluso con inhabilidades vigentes, lo que representa un riesgo para la integridad del sistema de compras públicas.

De acuerdo con la normativa vigente, un contratista inhabilitado no puede contratar con el Estado por períodos de tres o cinco años, dependiendo del caso, tal como lo establece la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. No obstante, la efectividad de esta restricción depende de que la información esté debidamente reportada en sistemas como el RUES, el SECOP y ante la Procuraduría.

“La omisión en el reporte de sanciones debilita los controles del sistema y abre la puerta a prácticas indebidas. Con esta circular buscamos garantizar que la información sea pública, verificable y oportuna», indicó Colombia Compra Eficiente, al resaltar que el incumplimiento de esta obligación constituye falta disciplinaria para los servidores públicos.

La medida también busca mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información y fortalecer los procesos de selección objetiva en la contratación estatal. De esta manera, el Gobierno Nacional avanza en la lucha contra la corrupción, promoviendo decisiones más informadas y transparentes en el uso de los recursos públicos.

Con información de La Agencia Nacional de Contratación Pública

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