Una contundente decisión judicial permitió desmantelar una red delincuencial que instrumentalizaba a niños y niñas indígenas para actividades de mendicidad en Medellín. Un juez penal condenó a siete integrantes de la organización, quienes aceptaron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir e instrumentalización de menores de edad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal operaba principalmente en el sector de El Poblado, aunque también tenía presencia en zonas como Parque Lleras, Provenza, Boston, Santa Cruz, Carpinelo y la calle 10. Allí, utilizaban a menores de la comunidad Emberá Katío para solicitar dinero y productos de primera necesidad a turistas nacionales y extranjeros.
Las autoridades establecieron que las mujeres recorrían las zonas de alta afluencia con bebés en brazos y carteles alusivos a necesidades básicas para despertar la solidaridad de los ciudadanos. Sin embargo, detrás de estas acciones existía una red organizada que posteriormente revendía elementos como pañales, leche, alimentos y medicamentos para obtener beneficios económicos.
La investigación permitió documentar al menos diez hechos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025. Asimismo, se evidenció que dentro de la organización existían funciones específicas para la recolección de productos, el transporte y la comercialización de los mismos.
Entre los condenados figura Ana Lucía López Sánchez, señalada de adquirir parte de los elementos obtenidos mediante la mendicidad para posteriormente comercializarlos. También fue identificado Wilfreddy Johan Godoy Villamizar, quien cumplía labores de transporte y distribución dentro de la estructura.
La juez que conoció el caso avaló los preacuerdos alcanzados con la Fiscalía y dictó penas que van desde los 24 hasta los 39 meses de prisión, dependiendo del nivel de participación de cada uno de los implicados.
El proceso investigativo fue liderado por la Policía Nacional mediante labores de seguimiento, vigilancia e interceptaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento de la red y establecer cómo se lucraban utilizando la imagen y vulnerabilidad de los menores indígenas.
Con esta decisión, las autoridades destacaron un importante golpe contra las estructuras que se aprovechan de poblaciones vulnerables para obtener ganancias ilícitas, al tiempo que reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de explotación infantil.