Organizaciones campesinas, sindicatos y diferentes sectores sociales convocaron a una jornada de paro nacional para este martes 20 de mayo, con el objetivo de presionar al Congreso de la República para que avance en la aprobación de la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
De acuerdo con los líderes de la movilización, la protesta busca defender la reforma agraria y garantizar que los campesinos cuenten con una justicia especializada para resolver conflictos relacionados con la tierra.
La principal concentración se llevará a cabo en Bogotá, donde los manifestantes se reunirán desde las 11:00 de la mañana frente al Edificio Colpatria y posteriormente marcharán hacia la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia.
Además de la capital del país, también fueron anunciadas movilizaciones en ciudades como Valledupar, Cartagena, Popayán, Montería y Sincelejo.
Los sectores convocantes expresaron su preocupación por lo que consideran posibles limitaciones a las funciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), especialmente frente a procesos de recuperación, administración y adjudicación de baldíos.
Según las organizaciones sociales, la falta de aprobación del proyecto pondría en riesgo la implementación de la reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional.
La convocatoria se produce días después del llamado realizado por el presidente Gustavo Petro, quien invitó a campesinos, comunidades indígenas y sectores afrodescendientes a movilizarse para respaldar la aprobación de la jurisdicción agraria.
El mandatario aseguró que esta herramienta permitiría acelerar la solución de conflictos de tierras y fortalecer el acceso de las comunidades rurales a la propiedad.
El proyecto deberá ser aprobado antes del próximo 20 de junio en el Congreso. De no avanzar, la iniciativa sería archivada y quedarían en pausa los juzgados agrarios previstos dentro del nuevo sistema de justicia rural.
Por su parte, desde la Corte Suprema de Justicia señalaron que la adjudicación de terrenos baldíos seguirá siendo responsabilidad del Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras, mientras que la jurisdicción agraria tendría como función resolver controversias y garantizar seguridad jurídica.
Sin embargo, organizaciones campesinas sostienen que aún existen riesgos para la reforma agraria y reiteraron que las movilizaciones continuarán hasta obtener garantías sobre los derechos de las comunidades rurales.
Por Johana Ledezma