Sociedad privada pagará su participación en plusvalía con la construcción de ese tramo, además de redes de acueducto y alcantarillado en el plan parcial Santa Cruz 2.
La Alcaldía de Ibagué suscribió un acuerdo con la sociedad Inversiones Inmobiliarias Santa Cruz S.A.S., para que el pago de su participación por plusvalía, correspondiente el plan parcial Santa Cruz 2, se lleve a cabo a través del desarrollo de obras de infraestructura, entre ellas, el tramo de la calle 103 que conectará la doble calzada al aeropuerto Perales con la avenida Mirolindo.
“Se logró llegar a un acuerdo de pago del efecto plusvalía por más de $70.000 millones, que fue en efecto lo que se liquidó con un acuerdo de pago a 7 años, donde incluye para el Municipio una determinación de plusvalía por $46.743 millones, que incluye terreno; redes de acueducto y alcantarillado; vías y paralelas”, explicó Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.
Según la resolución 000328, la sociedad Inversiones Inmobiliarias Santa Cruz S.A.S. cumplirá con sus obligaciones tributarias (el 30% del efecto plusvalía) mediante la ejecución directa de obras que incluyen, además de la calle 103, la calle 117 y el desarrollo de redes matrices de servicios públicos (acueducto y alcantarillado) y corredores del sistema ambiental.
“Es una gran noticia para la ciudad porque nos permite hacer realidad la obra más significativa del presente periodo de gobierno, que es la conexión de la avenida Ambalá hasta la avenida Mirolindo”, agregó el funcionario.
Proyectado sobre terrenos delimitados por el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Ibagué como suelo de expansión urbana, el plan parcial Santa Cruz 2 se desarrolla sobre tres predios principales: el Lote Santa Cruz (del cual se excluyó una franja que se mantiene como suelo rural), la Vía Aeropuerto y el Lote Área Remanente Santa Cruz 2.
Mientras la Secretaría de Hacienda de Ibagué se encarga de la formalización y control financiero del recaudo tributario, la viabilidad urbanística, la revisión técnica de los diseños, presupuestos y cronogramas, así como la posterior supervisión de las obras, estarán a cargo de las secretarías de Planeación e Infraestructura, además del IBAL.
De acuerdo con la Alcaldía, las obras solo se darán formalmente por canceladas cuando las entidades técnicas competentes certifiquen, mediante actas de recibo a satisfacción, el cumplimiento riguroso de la totalidad de las especificaciones de ingeniería, calidad e inventario requeridos por el Municipio.
Y destacó que los desarrollos destinados a Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), estarán exonerados del cobro de plusvalía, con el propósito de proteger la economía de las familias ibaguereñas de menores ingresos.
La participación tributaria por plusvalía es una figura que le permite a los municipios recuperar una parte del incremento en el valor de la tierra que se genera por las decisiones administrativas, de ordenamiento territorial y de planeación urbana.
La ley permite que los constructores o propietarios cancelen esta obligación de distintas formas: en dinero efectivo; transfiriendo una porción del predio al municipio con un valor equivalente al monto de la plusvalía o, en especie, mediante la ejecución de obras de infraestructura de carga general y obras de infraestructura matriz, como ocurre con la resolución No. 000328.