Un nuevo escándalo de corrupción sacude al país. Un juez de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve personas señaladas de participar en un entramado que habría desviado millonarios recursos del Sistema General de Regalías a través de la Asociación de Municipios del Caribe, conocida como Aremca.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, entre los años 2020 y 2026 la asociación suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías del país por un valor cercano a los 496 mil millones de pesos. Estos recursos estaban destinados a financiar proyectos de infraestructura, desarrollo agrícola, iniciativas ambientales, tecnología y seguridad alimentaria.
Sin embargo, las autoridades sostienen que gran parte de esos recursos habrían sido direccionados de manera irregular a empresas fachada y firmas de papel, que presuntamente fueron utilizadas para apropiarse de dineros públicos y beneficiar a particulares.
Entre los capturados figuran Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal de Aremca; Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, quienes desempeñaban funciones relacionadas con la representación legal y la tesorería de la entidad, además de otros coordinadores y enlaces señalados de integrar la estructura investigada.
Según el ente acusador, el esquema habría operado mediante procesos contractuales direccionados, con escasos estudios previos y selección limitada de proveedores para favorecer a determinados contratistas. La Fiscalía también advirtió que, aunque Aremca tenía competencia para actuar en la región Caribe, terminó ejecutando contratos en departamentos como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.
Uno de los hallazgos más preocupantes señala que en al menos 23 contratos se habrían generado beneficios irregulares superiores a los 14.235 millones de pesos. A esto se sumarían presuntas inconsistencias en el manejo de anticipos, impuestos no recaudados por cerca de 6.913 millones de pesos y recursos cercanos a los 14.000 millones que no fueron transferidos al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Los nueve procesados deberán responder ante la justicia por delitos relacionados con corrupción, contratación irregular, apropiación de recursos públicos y concierto para delinquir, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance total del presunto desfalco que afectó recursos destinados al