Desde la Universidad del Tolima, hacemos un respetuoso llamado al Gobierno Nacional para que cualquier propuesta relacionada con la autonomía universitaria, se construya mediante un diálogo amplio con las instituciones públicas de educación superior del país, con pleno respeto a los derechos humanos y a la convivencia democrática.
La autonomía universitaria no es una concesión de los gobiernos ni una prerrogativa temporal. Es una garantía constitucional consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y desarrollada por la Ley 30 de 1992. Esta reconoce a las universidades la facultad de establecer sus propias normas y estatutos, organizar sus actividades académicas, científicas y culturales, determinar sus programas, administrar sus recursos y desarrollar de manera independiente su misión institucional.
Las universidades son espacios para el desarrollo del pensamiento crítico, de la ciencia, de los saberes, de las artes y del conocimiento. Por ello, defendemos el derecho constitucional a la protesta pacífica, la libertad de expresión, la organización y la movilización social. Al mismo tiempo, rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia, sin importar su origen.
Nuestra principal responsabilidad como autoridades universitarias es salvaguardar la vida y la integridad de quienes hacen parte de nuestras comunidades, prevenir la violencia y garantizar que los campus continúen siendo espacios de conocimiento, convivencia, pluralismo y construcción de paz.
Cualquier intento de intervención de autoridades externas en una universidad debe realizarse con estricto apego a la Constitución y la ley, garantizando los derechos humanos, el debido proceso y los principios de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
La elaboración de cualquier propuesta, orientada a establecer un protocolo para actuar frente a situaciones excepcionales de violencia o graves alteraciones del orden público, debe contemplar la vida, la seguridad, los derechos y la autonomía de las comunidades universitarias y surgir de un diálogo amplio con el Sistema Universitario Estatal, rectorías, estudiantes, profesores, profesoras, funcionarios, funcionarias, graduados, graduadas y demás autoridades universitarias.
La universidad pública colombiana no debe convertirse en un escenario de confrontación entre la ciudadanía y el Estado. Tampoco debe entenderse como un espacio ajeno al marco jurídico. Debe seguir siendo lo que históricamente ha representado para nuestra democracia: un lugar seguro para las ideas, la crítica, la diversidad y la construcción colectiva del conocimiento.
Por ello, quiero proponer que la Universidad del Tolima sea el centro del encuentro nacional sobre la autonomía universitaria, para enfrentar los desafíos actuales y garantizar que las universidades sigan siendo casas de estudio abiertas al pluralismo de ideas, al intercambio democrático y a la construcción de paz.