Un juez de control de garant\u00edas envi\u00f3 a prisi\u00f3n a Juan Andr\u00e9s Romero Calder\u00f3n, se\u00f1alado de amenazar de muerte a varios funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Soacha, en hechos que habr\u00edan ocurrido durante los \u00faltimos a\u00f1os y que encendieron las alarmas de las autoridades.<\/p>\n
De acuerdo con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el procesado habr\u00eda ingresado en dos oportunidades a las instalaciones de la entidad, en agosto de 2022 y octubre de 2025, portando un arma de fuego con la que presuntamente intimid\u00f3 a varios servidores p\u00fablicos.<\/p>\n
Las investigaciones tambi\u00e9n permitieron establecer que el pasado 8 de abril el entonces registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Soacha recibi\u00f3 en su despacho una corona f\u00fanebre, elemento que, seg\u00fan el material probatorio recopilado por los investigadores, habr\u00eda sido enviado por Romero Calder\u00f3n como parte de las amenazas.<\/p>\n
Seg\u00fan las autoridades, estas acciones ser\u00edan una represalia por decisiones administrativas adoptadas por la entidad relacionadas con el cierre de folios de matr\u00edcula inmobiliaria de varios predios ubicados en la zona f\u00e9rrea y la Autopista Sur de Soacha, terrenos sobre los que el hoy procesado pretend\u00eda desarrollar actividades de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n
Tras reunir los elementos de prueba, la Fiscal\u00eda coordin\u00f3 con la Polic\u00eda Nacional la captura del se\u00f1alado responsable, procedimiento que se llev\u00f3 a cabo en la localidad de Fontib\u00f3n, en el occidente de Bogot\u00e1.<\/p>\n
Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imput\u00f3 el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores p\u00fablicos. Aunque el procesado deber\u00e1 responder ante la justicia por estos hechos, fue un juez quien acogi\u00f3 la solicitud de la Fiscal\u00eda y orden\u00f3 su reclusi\u00f3n en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.<\/p>\n
El caso ha generado preocupaci\u00f3n por las presiones y actos de intimidaci\u00f3n dirigidos contra funcionarios p\u00fablicos que ejercen labores relacionadas con el ordenamiento y control de la propiedad en el municipio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"