El exministro de Defensa, Guillermo Botero, se vio envuelto en una de las controversias m\u00e1s graves de su gesti\u00f3n tras la operaci\u00f3n militar que dej\u00f3 siete menores de edad fallecidos. El caso gener\u00f3 un amplio debate sobre la transparencia en la informaci\u00f3n oficial y la aplicaci\u00f3n del Derecho Internacional Humanitario.<\/p>\n
La pol\u00e9mica surgi\u00f3 cuando el senador Roy Barreras denunci\u00f3 que algunas v\u00edctimas ten\u00edan entre 12 y 17 a\u00f1os, y que el Gobierno hab\u00eda minimizado la presencia de menores en la operaci\u00f3n. Botero defendi\u00f3 la acci\u00f3n, asegurando que la operaci\u00f3n se ajust\u00f3 a la legalidad vigente y que desconoc\u00eda la participaci\u00f3n de menores en la zona de conflicto.<\/p>\n
Frente a la presi\u00f3n p\u00fablica y pol\u00edtica, Botero present\u00f3 su renuncia al cargo de ministro de Defensa en noviembre de 2019. Asimismo, solicit\u00f3 ser interrogado por la Fiscal\u00eda para esclarecer su participaci\u00f3n y versi\u00f3n de los hechos, buscando responder ante las acusaciones que lo se\u00f1alaban de encubrir informaci\u00f3n sobre las v\u00edctimas.<\/p>\n
El caso sigue siendo un referente en Colombia sobre la responsabilidad de las autoridades frente a acciones militares que afectan a poblaci\u00f3n civil, y plantea cuestionamientos sobre la necesidad de mecanismos m\u00e1s rigurosos para proteger a los menores en escenarios de conflicto armado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"