El r\u00edo Atrato, coraz\u00f3n del Choc\u00f3, ya no canta como antes. Sus aguas, que por siglos fueron fuente de vida, hoy est\u00e1n envenenadas por el mercurio que deja la miner\u00eda ilegal. Naciones Unidas advirti\u00f3 que la contaminaci\u00f3n alcanz\u00f3 niveles alarmantes y declar\u00f3 la situaci\u00f3n como una emergencia de derechos humanos.<\/p>\n
Las comunidades que viven a orillas del r\u00edo respiran preocupaci\u00f3n. El pescado escasea, los ni\u00f1os presentan s\u00edntomas de intoxicaci\u00f3n y los m\u00e9dicos rurales hacen lo que pueden con lo poco que tienen. A pesar de que en 2016 la Corte Constitucional reconoci\u00f3 al Atrato como sujeto de derechos, la realidad demuestra que la sentencia se qued\u00f3 en el papel. El Estado no ha logrado detener la miner\u00eda ni proteger a quienes dependen del r\u00edo para sobrevivir.<\/p>\n
La ONU exige acci\u00f3n inmediata, pero el problema va m\u00e1s all\u00e1 de lo ambiental. Lo que est\u00e1 en juego es la vida misma de comunidades enteras, olvidadas y expuestas a la miseria en una de las regiones m\u00e1s ricas en biodiversidad del pa\u00eds. El Atrato no solo se contamina por el mercurio: se ahoga, sobre todo, en la indiferencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"