En un pa\u00eds que se jacta de ser un Estado de derecho, la seguridad jur\u00eddica deber\u00eda ser un pilar inquebrantable. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro parece empe\u00f1ado en demoler esa garant\u00eda mediante subterfugios legales que hoy se camuflan bajo la declaratoria de conmoci\u00f3n interior. Mientras el pa\u00eds mira at\u00f3nito el caos generado por esta medida excepcional, el Gobierno avanza en una mini reforma tributaria que impactar\u00e1 directamente los bolsillos de los colombianos, pero lo m\u00e1s grave es el mico escondido en uno de sus decretos: la temida expropiaci\u00f3n expr\u00e9s.<\/p>\n
Bajo el argumento de \u201cgarantizar procesos de retorno y estabilizaci\u00f3n de v\u00edctimas de desplazamiento forzado y la reincorporaci\u00f3n de excombatientes\u201d, el Gobierno pretende expropiar tierras eliminando el debido proceso, el control judicial y el derecho a la defensa. Este golpe a la propiedad privada recuerda peligrosamente los modelos de los reg\u00edmenes Castrochavistas, donde la expropiaci\u00f3n arbitraria se volvi\u00f3 la regla, destruyendo el sector productivo y sumiendo a millones en la pobreza.<\/p>\n
Esta no es la primera vez que el gobierno de Petro intenta imponer la expropiaci\u00f3n expr\u00e9s. Ya lo intent\u00f3 en el Plan Nacional de Desarrollo y en la fallida reforma agraria. Ahora, vali\u00e9ndose de la conmoci\u00f3n interior, busca impon\u00e9rnosla a las malas. \u00bfQu\u00e9 ser\u00e1 lo siguiente? Hoy son tierras; ma\u00f1ana podr\u00eda ser cualquier otro bien que el Gobierno considere \u201cnecesario\u201d.<\/p>\n
A esto se suma una reforma tributaria disfrazada de necesidad fiscal que incluye impuestos permanentes al sector minero-energ\u00e9tico y el IVA a los juegos de azar. Las empresas minero-energ\u00e9ticas, clave en la generaci\u00f3n de ingresos para el pa\u00eds, enfrentar\u00e1n costos adicionales que podr\u00edan llevarlas al abandono de operaciones y al despido masivo de personal. Como si esto no fuera suficiente, ahora todos los colombianos deberemos pagar un impuesto de timbre del 1% en tr\u00e1mites notariales, encareciendo a\u00fan m\u00e1s las ya costosas operaciones.<\/p>\n
Las constantes provocaciones del presidente Petro hacia el gobierno de Estados Unidos parecen ser otro recurso incendiario para desviar la atenci\u00f3n de la opini\u00f3n p\u00fablica y pasar de agache estas medidas dictatoriales. Mientras el pa\u00eds discute si es prudente enemistarse con nuestro principal socio comercial, el Gobierno avanza sin freno hacia la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas que desmantelan nuestras instituciones democr\u00e1ticas.<\/p>\n
La seguridad jur\u00eddica no es una concesi\u00f3n, es un derecho fundamental. Lo que est\u00e1 en juego no es s\u00f3lo la propiedad de la tierra, sino la confianza en el Estado y su capacidad para proteger a sus ciudadanos. Si permitimos que este tipo de medidas prosperen, habremos abierto las puertas a un modelo donde el Gobierno decide arbitrariamente qu\u00e9 es de todos y qu\u00e9 es de nadie.<\/p>\n
Es momento de alzar la voz y defender las libertades econ\u00f3micas y democr\u00e1ticas que tanto nos ha costado construir. Porque hoy son tierras, pero ma\u00f1ana podr\u00eda ser nuestra libertad y democracia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"