El Tribunal Superior de Neiva conden\u00f3 a 8 a\u00f1os y 1 mes de prisi\u00f3n al exalcalde de Altamira (Huila) Am\u00edn Losada Losada, responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La misma decisi\u00f3n fue impuesta a Jos\u00e9 Octavio Narv\u00e1ez Tovar, extesorero municipal.<\/p>\n
Durante la investigaci\u00f3n se evidenciaron irregularidades en la celebraci\u00f3n de varios contratos dispuestos para la contrataci\u00f3n de un evento relacionado con el D\u00eda del Ni\u00f1o en el a\u00f1o 2008. El fallo obliga a los procesados a pagar una multa de 124.995 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Adem\u00e1s, no podr\u00e1n ejercer cargos p\u00fablicos por 9 a\u00f1os.<\/p>\n
Los procesados hab\u00edan sido absueltos en primera instancia, el 27 de marzo de 2020, por un juzgado del circuito de Garz\u00f3n (Huila).<\/p>\n
La investigaci\u00f3n<\/b><\/p>\n
Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2008 cuando el entonces mandatario de Altamira autoriz\u00f3 a su tesorero a destinar 3\u2019200.000 pesos para la celebrar el d\u00eda de los ni\u00f1os y unas vacaciones recreativas. La fecha dispuesta para esto fue el 31 del mismo mes.\u00a0Dicha suma fue entregada a seis contratistas en diferentes partidas.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n desplegada por servidores del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) demostr\u00f3 que en el transcurso de este proceso contractual se aparent\u00f3 un tr\u00e1mite legal en la celebraci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. Con esto se vulneraron los principios que gobiernan la contrataci\u00f3n estatal, pues se realizaron de manera verbal y no por escrito.<\/p>\n
Esto evit\u00f3 que se conociera el lugar para la celebraci\u00f3n del evento. No se conocieron sus caracter\u00edsticas, el objeto, la forma de pago, el lugar ni la manera de ejecuci\u00f3n. Adem\u00e1s, no se cont\u00f3 con estudios previos afectando as\u00ed el principio de planeaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se evidenci\u00f3 que durante el proceso no se evidenci\u00f3 alguna invitaci\u00f3n p\u00fablica con lo cual se priv\u00f3 a otras personas interesadas en participar en dicho proceso, afectando adem\u00e1s el principio de transparencia.<\/p>\n
Otras de las irregularidades evidenciadas por el ente acusador fue la inexistencia de actas de liquidaci\u00f3n de los contratos que establecieran la culminaci\u00f3n efectiva del objeto del contrato, vulnerando de esa manera el principio de responsabilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"