- Entre los beneficiados hay 5.000 tenderas víctimas del conflicto armado. La inversión supera los 20.000 millones de pesos.
En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el Gobierno del Cambio presentó un portafolio de instrumentos para impulsar la economía popular con un enfoque de sostenibilidad, de género y diferencial para esa población.
El portafolio beneficia a más de diez mil personas con 1.726 unidades productivas asistidas, 210 prestadores de servicios, 210 emprendimientos e inversiones superiores a los 22.500 millones de pesos.
Se trata de financiación, apoyo y formación en proyectos de turismo para la paz, agroindustria, manufactura y economía popular, entre otros.
Este portafolio se articula con la política de reindustrialización y el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI), que busca fortalecer proyectos productivos de grupos étnicos mediante la asistencia técnica para su comercialización.
También se apoya la participación de estos proyectos en espacios comerciales, el desarrollo de alianzas productivas y acuerdos comerciales locales, priorizando iniciativas de víctimas del conflicto y municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo les ayuda a insertarse en cadenas de valor locales o regionales, a fin de construir una economía dinámica e incluyente e impulsar sus emprendimientos.
La viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro Vargas, resaltó que “buscamos contribuir con la inclusión productiva de población víctima, a través del impulso de sus iniciativas, asociaciones o microempresas, principalmente de los sectores agroindustrial, manufactura y de la economía popular”.
La alta funcionaria agregó que el objetivo es que estas poblaciones mejoren sus ingresos y se favorezca el crecimiento económico en diversos contextos territoriales.
Las cifras de apoyo a las víctimas
Uno de los proyectos más destacados es “Mujeres más Productivas”, que apoya a 5.000 tenderas víctimas del conflicto armado, cuenta con un presupuesto de 6.348 millones de pesos en apoyo con la Fundación Bavaria. Este instrumento tiene como objetivo desarrollar un programa de formación y fortalecimiento empresarial, con lo cual se favorece su inclusión productiva y financiera y al acceso a procesos de digitalización para fortalecer la economía popular.
Las víctimas reciben acompañamiento técnico y formación en capacidades de gestión administrativa, comercial y financiera para el mejoramiento de las condiciones de sus negocios, sus familias y sus comunidades.
Por otra parte, con el programa “Mujeres y Comercios más Productivos”, con un presupuesto de 3.100 millones de pesos, en colaboración con Promigas y Fundación Capital, se trabaja con 206 unidades para favorecer el desarrollo económico de las mujeres víctimas del conflicto líderes en establecimientos comerciales de las zonas priorizadas.
También se destacan los programas Comercializadoras Agroindustriales (3.320 millones de pesos en presupuesto); Fibras Naturales (2.200 millones de pesos), y Minicadenas Agroindustriales (6.250 millones de pesos), que trabajan con población víctima de manera asociativa y en línea con la política de reindustrialización.
Con enfoque étnico
El Mincomercio cuenta con una oferta específica para población étnica víctima del conflicto, entre las que se encuentran el “Programa de Desarrollo Comercial para Pueblos Indígenas y Afrocolombianos”, con una inversión de 1.097 millones de pesos, beneficiando 20 negocios colectivos de comunidades étnicas víctimas en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca.
Tambien se cuenta como “Artesanos Productivos para la Paz”, con una inversión de 3.000 millones de pesos y en el que participan de 1.511 víctimas del conflicto de 36 municipios de 16 departamentos.
Finalmente, el proyecto de articulación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, que fortalece el tejido empresarial y productivo mediante el intercambio de saberes, la dotación en las asociaciones de base comunitaria de los municipios de Tierralta, Córdoba y Uribe, Meta, con una inversión de más de 217 millones de pesos.