En Colombia, la justicia ha dejado de ser un templo imparcial de leyes para convertirse en un escenario político donde se lincha moralmente al opositor más férreo del régimen: Álvaro Uribe Vélez. La reciente condena a 12 años de prisión contra el gran colombiano no es otra cosa que el acto final de una estrategia calculada, sistemática y perversa para silenciar al hombre que rescató al país del abismo. Este no fue un juicio jurídico. Fue un juicio político con toga.
Desde su inicio, el proceso contra el presidente Uribe estuvo marcado por irregularidades que harían sonrojar a cualquier democracia seria. La juez del caso, en lugar de actuar como garante de la imparcialidad, asumió un rol inquisidor, lanzando dardos cargados de resentimiento contra el expresidente y su familia. Las intemperancias, como las calificó el propio Uribe, fueron tan evidentes que manchan de ilegitimidad todo el fallo. ¿Qué más prueba del sesgo puede haber que la pena más alta posible en este tipo de casos?
Es imposible ignorar el contexto político que rodea esta condena. Mientras la Fiscalía en muchas ocasiones pedía preclusión, la juez decidió prolongar el linchamiento jurídico, emitiendo una sentencia de más de 1.100 páginas que desgasta no solo al acusado, sino a todo el aparato judicial, y deja en entredicho la racionalidad del proceso. ¿A quién beneficia tanto ensañamiento? A quienes no toleran que aún exista una oposición con fuerza moral e histórica.
La presencia del actual ministro de Justicia —el mismo que fue parte activa del bloque acusador— revela que el poder ejecutivo del gobierno Petro ha tenido intereses puestos en este juicio desde sus entrañas. No es coincidencia que el senador Miguel Uribe, uno de los más visibles opositores al actual régimen, sufriera recientemente un vil atentado que lo tiene en Cuidados Intensivos. La izquierda en el poder ha mostrado que no discute ideas: persigue, acosa y judicializa al que disiente.
El Colegio de Juristas de Colombia lo advirtió con claridad: esta sentencia es un retroceso en la protección de los derechos. Y lo es porque transforma la justicia en un arma de persecución política, como lo han hecho antes regímenes populistas en Latinoamérica. ¿Cuántas veces vimos esto en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia? El patrón es claro: destruir al contradictor más fuerte para garantizar el camino libre hacia el autoritarismo.
Pero hay algo que ni mil sentencias, ni mil calumnias, ni mil jueces sesgados podrán borrar: el legado de Álvaro Uribe Vélez. El colombiano que enfrentó y venció a las FARC, que restauró el imperio de la ley, que devolvió la esperanza a un país sitiado por el terror. Colombia no olvida. Y por eso este 7 de agosto, convocamos a todos los ciudadanos a movilizarse en respaldo al gran colombiano. Porque condenarlo a él es condenar la voz de millones que aún creen en la democracia. Y esa voz no será silenciada.