La Resolución 2161 de 2025, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, ha generado preocupación en diversos sectores del país debido a sus implicaciones en la continuidad de la atención médica y la libertad de elección de los usuarios.
Esta normativa establece criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Uno de los aspectos más controversiales es la reorganización territorial del aseguramiento, que limita la operación de las EPS a subregiones funcionales específicas. En zonas rurales integradas menores, por ejemplo, solo se permitirá la presencia de hasta tres EPS, mientras que en subregiones especiales, como las de alta dispersión, etnoculturales o insulares, solo podrá operar una EPS con mayor cantidad de afiliados autorizados en la subregión funcional .
Este reordenamiento podría resultar en traslados masivos de afiliados entre EPS sin su consentimiento, afectando especialmente a pacientes con enfermedades graves o en estado de gestación, quienes podrían perder la continuidad en sus tratamientos y atención médica. La senadora Paloma Valencia ha alertado sobre estos riesgos, señalando que la medida representa un “golpe al derecho a la salud de los colombianos” y compromete la estabilidad de la atención médica .
Además, la resolución ha sido criticada por limitar la libertad de elección de los usuarios, un derecho establecido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoce la salud como un derecho fundamental. La imposición de traslados sin el consentimiento de los afiliados podría generar incertidumbre y desconfianza en el sistema de salud.
El Gobierno defiende la Resolución 2161 como un paso hacia un modelo de salud preventivo y territorial, pero la oposición y defensores de derechos humanos advierten que esta medida podría debilitar la autonomía y participación de los ciudadanos en el sistema de salud.
Es fundamental que las autoridades revisen y ajusten esta resolución para garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados y que la atención médica continúe siendo accesible, continua y de calidad para todos los colombianos.