La Sala Penal de Bogotá detectó un hecho sin precedentes: una sentencia condenatoria que, detrás de su lenguaje formal, ocultaba un riesgo grave para el debido proceso. La investigación reveló que no era la jueza la que tomaba las decisiones, sino una inteligencia artificial que generó sentencias, creó doctrina inexistente y reinterpretó normas de manera incorrecta.
El Tribunal constató que el fallo carecía de motivación jurídica real: se trataba de un texto sin fundamento legal, sin la voz de un juez natural y con argumentos creados artificialmente, que ponían en riesgo la libertad de una persona.
El fallo generó un profundo drama procesal: cuando se adoptan “alucinaciones” de una IA como argumentos judiciales, se vulnera la estructura misma del proceso. No hay apelación posible frente a normas que no existen, ni contradicción frente a doctrinas inventadas. La inteligencia artificial, en este caso, desplazó la racionalidad humana y puso en peligro derechos fundamentales.
Ante esta situación, el Tribunal decidió anular la sentencia en su totalidad y emitió un mensaje claro para la era digital: la tecnología puede asistir en la administración de justicia, pero nunca reemplazar la conciencia y el juicio humano. La decisión establece un precedente: la justicia depende de la responsabilidad y el análisis crítico de los jueces, no de algoritmos.
Este fallo marca un hito para la justicia colombiana, recordando que, aunque la IA ofrece atajos, la legalidad y la libertad humana requieren siempre ojos y juicio humanos.
