La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lideró la incautación del predio Pasatiempo, de 263 hectáreas, ubicado en zona rural del municipio de San Benito Abad (Sucre), vinculado a un exsenador investigado por sus presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este proceso de recuperación se realizó en articulación con autoridades judiciales, policiales y administrativas.
En la diligencia de recuperación del predio el director de la ANT, Felipe Harman, aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro está llegando a predios de exnarcos y paramilitares, para devolvérselos a quienes realmente los necesitan. En este caso particular, las tierras serán entregadas a una asociación de agropescadores de Sucre.
“Estamos en un predio muy importante de la Sociedad de Activos Especiales en San Benito Abad. La ‘Asociación de pescadores y agricultores víctimas del conflicto de doña Ana’ recibe alrededor de 263 hectáreas que colindan con la ciénaga Punto de Blanco. Este predio pasa a manos campesinas, a manos de Cristina, de Pedro y de alrededor de 25 familias para fortalecer la Reforma Agraria», dijo Harman.
La diligencia se da en un proceso de extinción del derecho real de dominio adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como resultado de graves señalamientos por parapolítica, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación de campañas políticas con recursos provenientes de estructuras armadas ilegales.
La presencia institucional de la Agencia en este proceso representa no solo la recuperación física de los predios, sino un acto de reparación territorial y simbólica en zonas históricamente cooptadas por el crimen. Parte de la recuperación beneficia a la ciénaga, que ha venido siendo afectada por la ganadería. El trabajo conjunto entre la SAE y la ANT convierte escenarios de violencia e ilegalidad en territorios que hoy producen alimentos y construyen paz.
Esta acción además deja claro el compromiso del Gobierno con la reparación histórica y la justicia agraria y social, lo que redundará en paz territorial y la protección de los derechos de las comunidades rurales y pescadoras que habitan en regiones profundamente marcadas por el conflicto armado.