•El Jefe de Cartera de Defensa aseguró que las operaciones militares generan disuasión, dispersión, neutralización y desmoralización en las estructuras criminales.
•Advirtió que la amenaza ha mutado, ampliando su margen delictivo y financiándose mediante narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro.
•Reiteró que todas las acciones contra grupos criminales se realizan dentro del Marco Doctrinal para la Aplicación de la Fuerza.
Durante la moción de censura adelantada en la Plenaria de la Cámara de Representantes -sesión que debió levantarse por falta de quórum decisorio debido al retiro de algunos congresistas—, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, defendió la necesidad de mantener una ofensiva firme, estratégica y sostenida contra los grupos armados organizados y residuales.
El jefe de la Cartera expuso que, gracias a las capacidades de inteligencia militar y policial, durante este Gobierno se han evitado 3.071 ataques terroristas, cifra que demuestra un incremento claro en la efectividad operacional y en la capacidad de anticipación de la Fuerza Pública.
Sobre el empleo de la fuerza legítima —incluyendo operaciones aéreas—, con la capacidad de bombardeos el Ministro recordó el marco constitucional y jurídico que habilita estas acciones:
•El artículo 189 de la Constitución establece que el Presidente es Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y responsable de conservar el orden público.
•El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra indica que el Gobierno debe mantener o restablecer el orden y defender la integridad territorial “por todos los medios legítimos”.
•El DIH y el DIDH exigen que las operaciones militares se planifiquen y ejecuten con estricta observancia de la ley, la doctrina y la inteligencia disponible.
En relación con el Marco Doctrinal para la Aplicación de la Fuerza, el MinDefensa explicó las dos funciones que desarrolla la Fuerza Aeroespacial Colombiana:
•Interdicción Aire-Tierra (IAT)
•Apoyo Aéreo Cercano (AAC)
Ambas son esenciales para sostener el control institucional del territorio y proteger a las tropas en el terreno.
Desde 7 de agosto de 2022 al 7 de diciembre de 2025, la Fuerza Pública ha sostenido 1.426 combates contra estructuras criminales; solo 13 han involucrado bombardeos, menos del -1%. Estos combates han resultado en 64 muertes en desarrollo de operaciones militares, 10 capturas, 6 menores recuperados, 4 sometidos, así como la incautación de 114 armas largas, 74 artefactos explosivos, 26 minas antipersonal, 170 artefactos para drones y más de 41 mil unidades de munición.
El Ministro también explicó la necesidad operacional de la acción del 10 de noviembre en zona rural de Calamar, Guaviare. Un destacamento de 20 soldados se encontraba a solo 285 metros de entre 120 y 150 integrantes de las disidencias de alias ‘Mordisco’. Ante esta amenaza inminente, el proceso militar de toma de decisiones evaluó tres opciones:
1. Retirada, que habría constituido omisión.
2.Emboscada, inviable por la relación 1vs7 en caso de combate, más unas condiciones climáticas adversas.
3.Apoyo Aéreo Cercano, la opción más segura para proteger la vida de las tropas. (Sin daño colateral)
Sánchez Suárez enfatizó que mantener las capacidades operacionales activas es fundamental: “Si no contenemos la amenaza, volveremos a épocas difíciles para el orden público”. Por ello, hizo un llamado al respaldo político e institucional para sostener la ofensiva contra la criminalidad.
La votación de la moción de censura fue programada para el martes 16 de diciembre en la Plenaria de la Cámara de Representantes.