Las intimidaciones a la funcionaria judicial obedecían a la investigación que ella adelantaba contra la esposa del ahora procesado. La mujer sería responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado Ober Ricardo Martínez Gutiérrez admitiera su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.
Ante esta manifestación, el juez de conocimiento aprobó el acuerdo suscrito entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación, por lo que impartió una condena a 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes.
Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 27 de marzo de 2023 cuando Martínez Gutiérrez, desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Girón (Santander), grabó un video que divulgó en redes sociales.
En la publicación el hombre amenazaba de muerte a una fiscal que investigaba penalmente a su esposa, de quien exigía su liberación, so pena de quitarle la vida a la funcionaria judicial.