Las sanciones impuestas por EE. UU. al presidente Gustavo Petro, su familia y parte de su gobierno han profundizado una crisis bilateral que va más allá de la retórica diplomática. La acción, anunciada por el Departamento del Tesoro en octubre de 2025, acusa a Petro de permitir que los carteles de la cocaína prosperen en Colombia y de no controlar eficazmente el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense. 
De acuerdo con el mandatario colombiano, las sanciones le han impedido acceder con normalidad a su salario, lo que ilustra las consecuencias personales de la medida. Pero el impacto no se limita a lo individual: analistas advierten que la ruptura entre Bogotá y Washington podría afectar la cooperación militar, los flujos financieros y la percepción internacional de Colombia como socio estratégico.
Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., precisó que la intención de las sanciones no es castigar al pueblo colombiano ni su economía, sino presionar a un líder extranjero que, según Washington, ha cruzado la línea. “No es un enfrentamiento con Colombia, es una respuesta a un comportamiento”, afirmó. 
En Colombia, la medida ha generado consternación en algunos sectores y preocupación en otros. El presidente Petro respondió desde su red social X: “Luchamos contra el narcotráfico durante décadas y ahora nos sancionan”, publicó.