La suspensión del programa de subsidios Mi Casa Ya ha desencadenado una contracción significativa en el acceso a vivienda y en la dinámica de la construcción en el país, según un análisis publicado por Cambio. Las consecuencias ya se reflejan tanto en los hogares como en la actividad económica del sector.
De acuerdo con el reporte, cerca de 30.000 familias desistieron de adquirir vivienda ante la ausencia del apoyo estatal, lo que se traduce en el nivel más bajo de ventas iniciadas desde 2012. La caída de la demanda está afectando directamente la cadena productiva y ha llevado a que el empleo formal en construcción disminuya, mientras la informalidad continúa al alza.
La medida también abre un frente político para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta por fortalecer las políticas sociales incluía este programa como pieza clave para la movilidad social. El retroceso en cobertura y los efectos en el mercado han encendido alertas y generado tensiones entre el Ejecutivo y los actores del sector, que piden claridad sobre alternativas para reactivar la financiación habitacional.
En medio de este panorama, se espera que el Gobierno presente nuevas herramientas para estabilizar el mercado y garantizar opciones de acceso a vivienda, en un contexto donde miles de familias permanecen en incertidumbre.