La nueva reforma tributaria que el Gobierno ha puesto sobre la mesa despierta, como suele suceder, un amplio debate en la opinión pública. Mientras las autoridades económicas defienden su carácter “indispensable” para garantizar la sostenibilidad fiscal del país, distintos sectores productivos y sociales alertan sobre sus posibles impactos en la competitividad y en el bolsillo de los colombianos.
Uno de los puntos centrales es la necesidad de aumentar el recaudo. El Presupuesto General de la Nación para 2026 depende en buena medida de los 26,3 billones de pesos contingentes que podrían materializarse si el Congreso aprueba la reforma. Sin ese respaldo, las cuentas del Estado quedarían incompletas y obligarían a recortes en inversión social y en programas estratégicos.
Sin embargo, más allá de los números, lo que está en discusión es el enfoque: ¿hasta qué punto debe recargarse el peso del ajuste sobre las empresas, los sectores productivos y la clase media? Organismos internacionales insisten en que Colombia necesita ampliar su base tributaria y mejorar la eficiencia en el gasto, pero los gremios empresariales advierten que más impuestos podrían ahogar la inversión en un contexto de bajo crecimiento económico.
En el Congreso la discusión no será menor. Las bancadas se enfrentarán al dilema de garantizar recursos para salud, educación y protección social sin frenar la dinámica empresarial ni generar mayor informalidad. Es un ejercicio de equilibrio difícil: el país requiere recaudo, pero también confianza.
La ciudadanía, por su parte, observa con escepticismo. Existe una sensación de que cada nueva reforma se convierte en un esfuerzo adicional para los mismos contribuyentes, mientras la evasión y el contrabando continúan siendo agujeros negros en las finanzas públicas. El reto del Gobierno será entonces convencer no solo con cifras, sino con resultados concretos que demuestren eficiencia en el uso de los recursos.
En últimas, la discusión sobre la reforma tributaria no debería reducirse a un pulso político ni a un simple ajuste fiscal. Se trata de definir cómo financiar el futuro del país y bajo qué principios de equidad, progresividad y responsabilidad. Esa es la verdadera dimensión del debate que inicia en el Congreso.