Lo normal parece ser que otros paguen por los delitos que tienen como único beneficiario a los grupos criminales que controlan los cultivos ilícitos. Mientras tanto, ellos permanecen impunes y mantienen su poder sobre territorios completos.
En regiones como el Catatumbo, el Cauca y el sur del país, los campesinos y líderes sociales han sido víctimas de asesinatos, desplazamientos y amenazas. Sin embargo, los únicos que realmente se benefician son quienes controlan la cadena de la coca: intermediarios, narcotraficantes y algunas estructuras ilegales que negocian contratos y extorsionan comunidades enteras. Nada les pasa.
Quienes terminan pagando con la vida o la libertad son otros: campesinos obligados a sembrar para sobrevivir, líderes comunitarios que defienden alternativas legales y funcionarios locales que intentan resistirse a la presión de estos grupos. Por denunciar, organizar protestas o simplemente no colaborar, han sido asesinados, desplazados o judicializados injustamente.
Mientras tanto, los ejecutores del crimen permanecen al margen de la justicia. Nadie ha sido sancionado de manera efectiva por los verdaderos beneficiarios de esta violencia. Las herramientas del Estado, en lugar de proteger a las comunidades, a veces se concentran en erradicar cultivos o perseguir pequeños productores, dejando intactos a los responsables reales.
Otro tanto sucede con la impunidad estructural: el sistema judicial y las autoridades políticas rara vez logran desmantelar las redes criminales. Así, la violencia se perpetúa, y el mensaje que reciben las comunidades es claro: quienes sufren son los más vulnerables, mientras los verdaderos beneficiarios permanecen libres, fortalecidos y protegidos.
Elaborado por: Laura Cristina Barbosa Cifuentes