La Fiscalía General de la Nación judicializó a Natalia Andrea David Zea y Ingrid Tatiana Ocoró, presuntas integrantes de una red de apoyo, de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Las mujeres habrían prestado sus viviendas en Jamundí (Valle del Cauca) para guardar armamento del grupo ilegal.
Un fiscal de la seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de concierto para con fines de terrorismo. Los cargos no fueron aceptados. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Según las investigaciones, las dos mujeres, se vincularon a esta red de apoyo desde el 16 de abril de 2024 y estarían encargadas de entregar información sobre los operativos del Ejército y la Policía Nacional en la zona rural del municipio, para que la estructura ilegal evadiera las acciones de las autoridades y preparara ataques en contra de los uniformados.
Las procesadas fueron capturadas en un operativo adelantado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y comandos Jungla de Antinarcóticos, en un inmueble en Jamundí.