Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro destacó uno de los logros más impactantes de su gobierno en materia de justicia social: la reducción en un 42% de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición, comparando los niveles registrados entre 2022 y 2024.
En La Guajira, por ejemplo, se registró una caída contundente de 48 % durante el mismo periodo, al pasar 96 a 49 casos. Departamentos como Chocó y Vichada, donde históricamente la desidia del Estado ha tenido efectos devastadores, también presentaron mejoras, de 55,8 % y 12,8 % respectivamente.
“Para mí este es el cuadro que expresa la eficiencia de un gobierno: reducir la tasa de mortalidad infantil por desnutrición a la mitad en tres años», afirmó el mandatario, tras escuchar el informe detallado del Ministerio de Salud, Guillermo Jaramillo.
Este avance no es solo una cifra: representa miles de vidas de niñas y niños salvadas en todo el país, especialmente en regiones históricamente excluidas como La Guajira, Chocó y Vichada. En palabras del presidente, “no debería haber fallecidos en este país por causas prevenibles como el hambre».
La reducción de la mortalidad infantil es el resultado de un trabajo articulado, interdisciplinario e interinstitucional, que integró a los ministerios, las entidades del Estado, los gobiernos locales, las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, así como a los equipos de salud pública.
Desde el 2023, el Gobierno implementó el Plan de Desaceleración de la Mortalidad Infantil, una estrategia que priorizó 12 departamentos donde se concentraba el 70% de los casos de desnutrición aguda (menores de 5 años). Entre ellos Antioquia, Bolívar, Arauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Meta, Guainía, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Se diseñaron cinco líneas estratégicas que abordaron desde el fortalecimiento de la infraestructura de salud, la dotación de equipos básicos, el transporte asistencial, hasta la implementación del Plan Decenal de Lactancia Materna y la promoción de la economía popular como mecanismo de seguridad alimentaria.
El presidente reconoció que aún falta mucho por hacer, por eso afirmó que este resultado es una muestra de que un gobierno que prioriza la vida y la equidad puede transformas las condiciones más difíciles.
El presidente fue enfático exigir acciones inmediatas frente a funcionarios que, en lugar de responder al mandato social, actúan a favor de intereses privados o frenan políticas transformadoras. Citó específicamente el caso de Jericó, donde cuestionó una prorroga minera contraria a su programa de gobierno, y reiteró que su mandato no está al servicio de los intereses de las multinacionales.
La apuesta por reducir el hambre, fortalecer la lactancia materna, impulsar la atención primaria y dignificar el acceso a los servicios públicos de la salud no se limita a un plan técnico, sino que responde a una visión ética y política: poner la vida en el centro de las decisiones del Estado. “Hay que seguir cuidando este logro porque se puede desbaratar», advirtió el mandatario, al señalar que se requiere continuidad, vigilancia y voluntad política sostenida.
Para el Gobierno esta reducción histórica no solo es una estadística: es un acto de justicia con los territorios olvidados, con las madres que hoy pueden alimentar a sus hijos, y con la niñez que por fin comienza a ser priorizada como merece.