La Procuraduría General de la Nación se pronunció en el proceso que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en la Gobernación del Atlántico.
Según el Ministerio Público, no hay pruebas suficientes que justifiquen enviarlo a un establecimiento carcelario, como había solicitado la Fiscalía. En palabras de los funcionarios, el joven no representa un riesgo para la comunidad ni hay indicios de que pueda entorpecer la investigación.
Durante la audiencia en Barranquilla, la Procuraduría señaló que Nicolás Petro ha mostrado colaboración con la justicia y no ha incurrido en nuevos hechos que pongan en riesgo el proceso. Por eso, consideran que una medida de aseguramiento privativa de libertad no sería necesaria en este momento.
El proceso judicial que enfrenta Petro está relacionado con contratos suscritos entre 2021 y 2022, a través de organizaciones como la Fundación Conciencia Social (FUCOSO) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, que, según la Fiscalía, habrían sido adjudicados de manera irregular. Se estima que los contratos en cuestión suman más de 3.000 millones de pesos.
Mientras la Fiscalía insiste en que estos hechos son graves y justifican la cárcel, la Procuraduría apuesta por la libertad del joven, al considerar que no hay peligro inminente ni riesgo para la investigación. La decisión final sobre la medida de aseguramiento queda en manos del juez de control de garantías en Barranquilla.
Esta historia muestra, una vez más, el delicado equilibrio entre garantizar la justicia y respetar la presunción de inocencia, mientras los colombianos siguen de cerca cómo avanzan los casos de corrupción en el país.