La Procuraduría General de la Nación recomendó al Consejo de Estado no conceder la demanda de pérdida de investidura contra el Representante a la Cámara, David Racero, vinculada al llamado escándalo del “fruver”.
La controversia se centra en la presunta utilización de un asistente de la Unidad de Trabajo Legislativo de Racero para realizar actividades personales, entre ellas atender un supermercado en la localidad de Engativá, en Bogotá. La denuncia sostenía que esto constituiría un uso indebido de recursos públicos y de personal de la Cámara para fines privados.
Sin embargo, según la Procuraduría, no hay evidencia suficiente para considerar que Racero incurrió en “muerte política”, término que en Colombia se usa para describir la pérdida de investidura por irregularidades graves. La entidad advierte que la demanda no cumple con los estándares legales necesarios para que el Consejo de Estado ordene la destitución del congresista.
David Racero continúa en su cargo mientras la Corte revisa la solicitud, y la decisión final queda en manos del Consejo de Estado. El caso ha generado un debate sobre los límites del uso de personal legislativo para actividades distintas a sus funciones oficiales, y sobre la responsabilidad ética de los representantes frente a sus asistentes.