La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios por determinar del Fondo de Adaptación, ante denuncias de posibles irregularidades en contratos que, según los reportes, no han registrado ejecución presupuestal, dejando estancados proyectos destinados a comunidades vulnerables.
Entre los contratos bajo revisión se encuentran iniciativas como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y Ruta del Arroz, con valores que superan los $100.000 millones, y cuya paralización afecta directamente a las regiones que deberían beneficiarse de estas obras. La Procuraduría evaluará si existieron fallas en la adjudicación, supervisión o ejecución de los contratos y si los responsables actuaron al margen de la ley.
Además, la investigación busca esclarecer posibles vínculos políticos o presiones indebidas que podrían haber influido en la selección de contratistas o en la labor de interventoría, así como verificar si los procedimientos cumplieron con los estándares de transparencia y eficiencia.
El Fondo de Adaptación, encargado de administrar recursos destinados a obras de mitigación de desastres y desarrollo socioeconómico en regiones afectadas, enfrenta ahora un escrutinio sobre su capacidad para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en resultados concretos para la población.
La Procuraduría ha solicitado documentación contractual, informes de interventoría y otros elementos que permitan establecer responsabilidades disciplinarias y administrativas en caso de comprobarse irregularidades. La indagación continuará en los próximos días, con el objetivo de proteger los recursos públicos y asegurar que los proyectos lleguen a quienes más los necesitan.