La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por establecer de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué – IBAL S.A. E.S.P. Oficial –, por posibles anomalías en la planeación, supervisión e interventoría de un contrato de obra pública que supera los $18 mil millones.
La investigación se desprende de una auditoría de cumplimiento adelantada sobre las vigencias 2022 y 2023, particularmente frente al contrato para la rehabilitación, reposición y mejoramiento de las redes urbanas de acueducto y alcantarillado – fase 1, ejecutado dentro del proyecto Acueducto Complementario. El valor inicial del contrato fue de $12.606 millones, con una adición posterior de $5.879 millones.
Según el informe de la Provincial de Instrucción de Ibagué, se habrían detectado pagos por aproximadamente $608 millones por la supuesta construcción de un sistema de contención de taludes, obras que no habrían sido ejecutadas ni soportadas técnicamente.
Además, se habrían realizado cobros por transporte de materiales desde una cantera más lejana a la realmente utilizada, lo que podría generar un presunto detrimento patrimonial de cerca de $189 millones.
Otro de los hallazgos comprometedores estaría relacionado con la utilización de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que debían destinarse exclusivamente a redes de acueducto y alcantarillado, pero que habrían sido utilizados para financiar trabajos de pavimentación.
La Procuraduría busca establecer responsabilidades disciplinarias frente a estos hechos que comprometerían la correcta ejecución de una de las obras más importantes de infraestructura para la ciudad.