La Procuraduría General de la Nación lideró una mesa interinstitucional para reforzar la lucha contra la minería ilegal en el Bajo Cauca, en el marco del “Plan de Choque La Mojana”. Al encuentro asistieron representantes de los ministerios de Defensa y Minas, la Agencia Nacional de Minería, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Fiscalía, buscando articular esfuerzos para proteger la región.
Durante la reunión, se revisaron las acciones de cada entidad para frenar la explotación ilegal de minerales, así como sus impactos ambientales y sociales. El delegado de la Procuraduría para la Gestión y Gobernanza Territorial, Alexander López, enfatizó la necesidad de coordinación: “La minería ilegal no solo afecta al medio ambiente, también pone en riesgo la vida de las comunidades. Por eso, todas las instituciones debemos actuar de manera articulada”.
El encuentro también recordó la importancia de la sentencia T‑038 de 2019 de la Corte Constitucional, que reconoce al río Cauca como sujeto de derechos, obligando al Estado a protegerlo. La Procuraduría subrayó que esa protección debe traducirse en acciones concretas, y no quedarse solo en declaraciones de intención.
Como siguiente paso, se acordó una nueva mesa de seguimiento el 22 de diciembre de 2025, donde el aMinisterio de Ambiente presentará un plan de acción detallado. La Procuraduría mantendrá su rol de vigilancia técnica y preventiva, asegurando que los compromisos se cumplan y que la protección del medio ambiente y de las comunidades sea efectiva.
Para los habitantes del Bajo Cauca, esta iniciativa representa más que un plan institucional: es una señal de que el Estado reconoce la urgencia de la crisis, respalda a las comunidades y busca garantizar la preservación de sus territorios y recursos naturales.
