Por presuntas irregularidades durante el proceso de selección abreviada por subasta inversa presencial (SAMEC No. 022-2021), cuyo objeto era la adquisición de equipos tecnológicos para fortalecer la educación y la atención a víctimas en el municipio.
Las implicadas son María Elicesia Padilla, secretaria General y de Gobierno, para el momento de los hechos; al igual que Edna Rocío Ramírez, secretaria de Hacienda; y Lorena Patricia Zárate, jefe de la Oficina de Contratación, quienes integraban el comité evaluador del proceso contractual.
Según el Ministerio Público, las funcionarias habrían inhabilitado de manera directa a la empresa Tecnophone Colombia SAS por no anexar un paz y salvo municipal de tesorería, documento exigido como requisito jurídico habilitante. No obstante, la Procuraduría advierte que la compañía presentó el documento dentro del plazo legal para subsanar propuestas, sin que esto fuera tenido en cuenta por las evaluadoras.
Además, en el mismo informe de evaluación, las funcionarias recomendaron adjudicar el contrato a Julio César Beltrán Garzón, representante de la Comercializadora Todo Tintas y Suministros, sin agotar el procedimiento de verificación establecido en los pliegos de condiciones.
La Procuradora Provincial de Instrucción de Ibagué calificó la conducta de las servidoras como una falta gravísima cometida con culpa grave, al no garantizar el debido proceso y los principios de transparencia y legalidad en la contratación pública.
El contrato en cuestión estaba orientado a la adquisición de tabletas y computadores portátiles en el marco de los acuerdos municipales 020 de 2020 y 013 de 2021, para el fortalecimiento escolar y la atención integral a las víctimas en el municipio.