La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de conciliación a la Alcaldía de Bogotá y a Planeación Distrital por un presunto daño patrimonial que superaría los 2 billones de pesos, relacionado con el Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas”, uno de los proyectos urbanísticos más importantes del sur de la ciudad. La audiencia se llevará a cabo en enero de 2026.
El caso tiene como eje la administración de recursos públicos destinados al desarrollo de vivienda, infraestructura y servicios en Ciudad Bolívar, un sector históricamente afectado por la falta de planificación urbana y acceso a servicios básicos. Según la Procuraduría, la investigación busca determinar si hubo irregularidades que afectaron el patrimonio del Distrito y, por extensión, a la ciudadanía, así como explorar mecanismos de reparación en caso de comprobarse daños.
El Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas” incluye proyectos de vivienda, parques, vías y equipamientos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de miles de familias que viven en el sector. El presunto daño patrimonial pone en alerta no solo a las autoridades de control, sino también a la comunidad, que espera que las inversiones públicas se traduzcan en mejoras reales para su entorno.
La audiencia convocada por la Procuraduría será un espacio para que la Alcaldía y Planeación Distrital presenten información, explicaciones y pruebas sobre la ejecución del plan, mientras que la entidad de control evaluará posibles responsabilidades y acciones correctivas. La conciliación busca, además, evitar que los recursos públicos se vean comprometidos en el futuro y garantizar que los proyectos de ciudad se desarrollen con transparencia.
Representantes de la comunidad de Ciudad Bolívar han expresado preocupación por el caso, pues consideran que la demora o mala administración de los recursos puede afectar la entrega de viviendas, parques y vías, proyectos que para muchas familias representan oportunidades de mejora significativa en su vida diaria. “Esperamos que todo se aclare pronto y que los recursos realmente lleguen a quienes los necesitamos”, comentó un líder comunal del sector.
Este procedimiento se enmarca dentro de la labor de vigilancia fiscal de la Procuraduría, cuyo objetivo es proteger el patrimonio público y garantizar la correcta ejecución de los proyectos. Además, subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de recursos que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
La audiencia de enero será clave para determinar los pasos a seguir, definir responsabilidades y establecer mecanismos de control que eviten que situaciones similares afecten nuevamente a los ciudadanos, en especial en zonas que históricamente han dependido de la inversión pública para su desarrollo social y urbano.