La Procuraduría General de la Nación, tras una visita a la Estación de Policía y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) Permanente Central de Ibagué, evidenció serias afectaciones en las condiciones de reclusión, entre ellas un preocupante hacinamiento del 310 %, deterioro en la infraestructura, deficiencias en la atención médica y demoras en el suministro de alimentos para las personas privadas de la libertad.
Como respuesta a estos hallazgos, el Ministerio Público emitió requerimientos formales a la Alcaldía de Ibagué, sus entidades descentralizadas, la Gobernación del Tolima, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y otras autoridades competentes. Entre las acciones urgentes solicitadas se encuentra la reactivación de traslados al Complejo Carcelario de Picaleña, con el fin de aliviar la sobrepoblación en los centros transitorios.
Asimismo, la Procuraduría exigió la asignación de personal médico a la URI, la garantía de traslados oportunos a centros hospitalarios, el acceso a citas, tratamientos y la entrega efectiva de medicamentos. También se solicitó la reparación inmediata de celdas en mal estado, baterías sanitarias y el techo de la sala de audiencias, además de la habilitación de espacios para visitas familiares, al menos de manera virtual.
La Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió que el incumplimiento de estos requerimientos y de las decisiones judiciales en curso podría constituir falta disciplinaria. Por ello, instó a todas las entidades implicadas a tomar medidas inmediatas y efectivas para salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad y la integridad de los reclusos.