La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Ibagué, ante presuntas irregularidades detectadas en la fase de planeación de un contrato de obra pública por valor de $2.157 millones, destinado a la construcción y mejoramiento de salones comunales en distintos sectores del municipio.
La actuación disciplinaria se origina en los hallazgos del informe técnico que evidenció deficiencias en la estructuración del presupuesto contractual, particularmente en el ítem correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades), cuyo porcentaje fue fijado en 25,19 %. No obstante, según el órgano de control, no se aportó un desglose detallado que justificara ese valor ni los conceptos específicos a los que serían destinados dichos recursos.
Además, el Procurador Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió sobre una posible dilación injustificada en la ejecución del contrato, el cual, pese a haber sido legalizado el 5 de enero de 2024, solo inició formalmente hasta el 17 de julio de 2024, es decir, más de seis meses después. Esta demora se habría producido, presuntamente, por la ausencia de permisos técnicos y ambientales esenciales, como el aprovechamiento forestal y la correspondiente viabilidad ambiental, requeridos para proceder con la tala de árboles contemplada en el alcance del proyecto.
La Procuraduría busca con esta indagación preliminar identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente responsables, así como determinar con exactitud los hechos y el eventual grado de afectación a la correcta gestión de los recursos públicos.
Este proceso disciplinario forma parte de la labor preventiva y sancionatoria del Ministerio Público frente a posibles vulneraciones del principio de planeación, uno de los pilares fundamentales de la contratación estatal, especialmente en obras de infraestructura social que impactan directamente a las comunidades.