Luego de la asonada contra una unidad militar en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, y del hostigamiento a la estación de Policía en Suárez, Cauca, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, reiteró su llamado a las autoridades para que se adopten “acciones urgentes y contundentes” frente a este tipo de hechos que afectan a integrantes de la Fuerza Pública.
El jefe del Ministerio Público calificó como inadmisible que algunas comunidades sean utilizadas para impedir el cumplimiento de las labores constitucionales de las Fuerzas Militares y de Policía, y advirtió sobre los riesgos que este tipo de acciones representan para el orden público y la seguridad en los territorios.
“Cuesta creer que quienes dedican sus vidas a defender a la ciudadanía terminen sometidos a acciones que deslegitiman su quehacer y que, además, ponen en riesgo cualquier eventualidad de orden público que se pueda presentar”, afirmó Eljach.
El procurador insistió en la necesidad de que las autoridades competentes garanticen la protección de los uniformados, así como el libre ejercicio de sus funciones, y reiteró que la instrumentalización de la población civil en medio de situaciones de confrontación constituye una grave afectación al Estado de derecho.
Finalmente, señaló que la Procuraduría hará seguimiento a las actuaciones institucionales para que se adopten las medidas necesarias que permitan prevenir nuevos hechos de violencia contra la Fuerza Pública en distintas regiones del país.