Durante la posesión este martes de Liliana Cardona como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a sectores del poder judicial y de la élite jurídica por, según dijo, desplazar el enfoque constitucional del Estado Social de Derecho hacia una interpretación reducida del Estado de Derecho.
El mandatario sostuvo que la Constitución Política de 1991 no define a Colombia únicamente como un Estado de Derecho, sino de manera expresa como un Estado Social de Derecho, concepto que, afirmó, tiene como eje la igualdad y la garantía material de los derechos.
“La Constitución no habla de Estado de Derecho; habla de Estado Social de Derecho”, dijo y reiteró que, muchas veces, en los discursos judiciales “no nombran el Estado Social de Derecho ni la posibilidad de construir un Estado Social de Derecho” en Colombia.
En su intervención, el jefe de Estado consideró que esta interpretación restrictiva de la Constitución, a su juicio, cierra el camino a la paz y perpetúa la desigualdad social.
“A nombre del Estado de Derecho (…) cierran la puerta a la paz y nos condenan a generaciones de soledad común, que no son más sino generaciones de violencia”, afirmó.
El presidente Petro insistió en que el concepto de Estado Social de Derecho fue incorporado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 como respuesta directa al problema estructural de la desigualdad en Colombia.
Según explicó, este modelo implica que las decisiones del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial deben tener como eje la igualdad material y la efectividad de los derechos sociales.
“Estado Social de Derecho se llama autonomía de las instituciones para encontrar la igualdad. Y ese último pedacito se olvida”, señaló.
El mandatario se refirió a decisiones judiciales que, según dijo, han frenado reformas aprobadas por el Congreso, como la reforma pensional, y han debilitado políticas orientadas a garantizar derechos sociales.
En ese sentido, planteó que el sabotaje a la aplicación de la Constitución de 1991 no requiere un cambio constitucional, sino una transformación en la forma en que se aplican las leyes.
“La Constitución del 91 sigue vigente (…); hay que construir un Estado Social de Derecho”, sostuvo.
En su discurso, el presidente Petro advirtió que cuando la justicia se aleja del enfoque social y de igualdad rompe el principio fundacional de la Constituyente, que buscaba sacar al país de la violencia estructural.
“Rompemos el principio inicial de la Asamblea Nacional Constituyente”, según el cual “un Estado Social de Derecho nos saca de la violencia”, recalcó.
Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que la defensa del Estado Social de Derecho no es una imposición del Ejecutivo, sino una exigencia democrática.
“No soy yo el que va a ordenar eso. Porque es democracia, no dictadura (…). El poder es del pueblo, no de las élites”, afirmó, al reiterar que su gobierno asume la igualdad como un deber constitucional y no como una consigna retórica.