Durante el más reciente consejo de ministros, se produjo una discusión pública entre el presidente Gustavo Petro y la ministra de Vivienda, Helga Rivas, centrada en el incumplimiento de metas para el acceso al agua potable en zonas vulnerables del país. El mandatario acusó a su cartera de “falta de gestión” en proyectos de acueducto y cuestionó decisiones de presupuesto que, según él, favorecieron otras áreas antes que la atención de servicios básicos.
En un gesto inesperado, Petro ordenó en vivo el despido del viceministro de Agua, Edward Libreros, argumentando que su equipo “no está alineado con las prioridades del Gobierno” y que los retrasos acumulados no pueden seguir. Rivas salió al paso defendiendo al personal de su ministerio y denunció que “la asignación presupuestal ha sido insuficiente” y que se priorizaron inversiones como las armamentísticas en detrimento de servicios de agua.
Este episodio pone de relieve la tensión interna al más alto nivel del Gobierno y la presión sobre la gestión de servicios de agua y saneamiento, que afecta directamente a comunidades vulnerables. Varios analistas advierten que escándalos de este tipo pueden minar la credibilidad del Ejecutivo en materia de gobernabilidad y cumplimiento de promesas sociales.