La decisión del Gobierno de romper el convenio con Colfuturo, anunciada por el ministro de Educación Daniel Rojas, ha generado alarma en distintos sectores de la educación y la sociedad civil. Hasta ahora, Colfuturo se encargaba de administrar de manera independiente la convocatoria, evaluación y entrega de becas para estudiantes que buscan continuar estudios de posgrado en el exterior, asegurando criterios técnicos y meritocráticos.
Con la ruptura del convenio, estas funciones pasarán a ser gestionadas directamente por el Gobierno Nacional, lo que según críticos podría afectar la objetividad en la asignación de recursos y abrir la puerta a prácticas de clientelismo o reparto político. Organizaciones de control y expertos en educación advierten que la medida incrementa el riesgo de que los fondos públicos destinados a becas se asignen no solo por mérito académico, sino por afinidad política, poniendo en juego la transparencia y la confianza en el sistema educativo.
El cambio también genera incertidumbre entre los estudiantes que dependían del programa, quienes podrían ver retrasos en los procesos de evaluación o criterios menos claros para acceder a las becas. Además, expertos señalan que la medida podría tener un impacto negativo en la imagen internacional de Colombia en materia de educación, al sustituir un mecanismo independiente por la gestión directa del Estado sin protocolos previamente establecidos.
La polémica refleja un debate más amplio sobre la capacidad administrativa del Gobierno para manejar recursos públicos estratégicos y la importancia de mantener procesos técnicos y meritocráticos, especialmente en sectores sensibles como la educación, donde la transparencia y la igualdad de oportunidades son fundamentales.