Una nueva controversia política se abrió tras denuncias según las cuales el senador Iván Cepeda y sectores del Pacto Histórico estarían presionando a la Fiscalía General de la Nación para que se otorgue la libertad a 11 personas procesadas por delitos graves ocurridos durante hechos de violencia registrados en Bogotá.
De acuerdo con los señalamientos, los procesados estarían vinculados a la fabricación de explosivos, la coordinación de actos vandálicos y ataques contra el transporte público y la Fuerza Pública. Las acusaciones han generado preocupación por el mensaje que se estaría enviando frente a la violencia urbana y el respeto al Estado de derecho.
Según las denuncias, este grupo habría simulado ser estudiantes universitarios para ingresar a diferentes campus y, desde allí, planear acciones ilegales, aprovechando la dinámica académica y la confianza propia de estos espacios.
El debate se intensifica en medio del reciente fallo del Consejo de Estado, que dejó sin efectos la designación de Leopoldo Múnera en la Universidad Nacional, lo que ha llevado a sectores críticos a preguntarse si la eventual liberación de estos procesados podría estar relacionada con nuevos intentos de control o presión dentro del campus universitario.
Hasta el momento, ni la Fiscalía ni los señalados se han pronunciado oficialmente sobre estas denuncias, mientras crece el llamado a que las decisiones judiciales se adopten sin interferencias políticas y con plenas garantías para las víctimas y la sociedad.
