Por Laura Cristina Barbosa Cifuentes
El sector de vigilancia privada en Colombia enfrenta un desafío sin precedentes. La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) advirtió que el aumento del salario mínimo para 2026, junto con las nuevas disposiciones laborales, podría poner en riesgo la continuidad de algunos servicios de seguridad privada en el país, con impactos directos en hogares, empresas y comunidades que dependen de ellos.
Según el gremio, el incremento del salario mínimo hasta 2 millones de pesos mensuales, sumado a la reducción de la jornada laboral y los recargos por trabajo nocturno, ha elevado los costos operativos de las empresas de seguridad más del 30 %. Esto podría derivar, según expertos del sector, en una reducción de la cobertura de vigilancia privada, especialmente en conjuntos residenciales, pequeñas y medianas empresas, y zonas donde la vigilancia humana es esencial.
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, señaló que “la intención no es dejar sin trabajo a los vigilantes ni reducir su salario, pero si no se ajustan tarifas o se generan mecanismos que equilibren los costos, algunos servicios podrían desaparecer”. En la práctica, esto implicaría que muchos ciudadanos tengan que depender de sistemas electrónicos de seguridad, menos personalizados y, en algunos casos, menos efectivos.
El gremio también alerta sobre el efecto en la economía de los edificios y empresas: las cuotas de administración y los contratos de seguridad podrían subir significativamente, trasladando los costos directamente a los usuarios. Además, plantean la necesidad de revisar los recargos nocturnos y festivos, dado que los turnos de los vigilantes son exigentes y, según el gremio, no siempre compensados de manera proporcional.
Para los trabajadores del sector, sin embargo, los cambios representan una reivindicación histórica: mejores salarios, jornadas más justas y reconocimiento de la labor esencial que realizan. La dificultad está en que esta mejora no afecte de manera desproporcionada a las personas que pagan por los servicios de seguridad y que dependen de ellos para proteger sus hogares, negocios y comunidades.
En resumen, el llamado de Confevip deja en evidencia un dilema importante para 2026: cómo garantizar la seguridad ciudadana y laboral sin que los aumentos salariales terminen encareciendo excesivamente los servicios o limitando la cobertura. Es una discusión que involucra a trabajadores, empresarios y familias, y que promete marcar la agenda del sector durante todo el año.