El nombre del presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el centro del debate público luego de que salieran a la luz chats, documentos y declaraciones que lo vinculan con un cuestionado nombramiento en la DIAN, relacionado —según las investigaciones— con una persona cercana a redes de contrabando asociadas al llamado Papá Pitufo.
La trama comenzó a tomar forma con la declaración del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien aseguró ante la Corte Suprema que advirtió sobre los riesgos de nombrar a Gladys Reina Villavicencio. Según él, la orden venía desde arriba y, pese a las alertas, el nombramiento siguió adelante.
Laura Sarabia, exdirectora del DAPRE, también habló ante la justicia. Ella afirmó que trasladó la solicitud siguiendo los conductos regulares y que informó a la Secretaría de Transparencia sobre las inquietudes del nombramiento. Su testimonio busca dejar claro que actuó dentro de sus funciones, aunque reconoce que el caso terminó envuelto en tensiones y presiones políticas.
Más allá de los cargos y los expedientes, este episodio deja ver un pulso institucional: advertencias que no se atendieron, decisiones que se tomaron pese a los cuestionamientos y comunicaciones internas que hoy revelan grietas dentro del Gobierno.
Para muchos ciudadanos, este escándalo reabre una discusión profunda sobre la transparencia en el manejo del Estado, la ética en el acceso a cargos públicos y la confianza en quienes toman las decisiones. Aún no hay conclusiones judiciales, pero las revelaciones han puesto bajo la lupa la relación entre política, poder y responsabilidad pública.
El caso sigue en desarrollo. Y mientras avanza, también crece la exigencia de verdad y claridad sobre un nombramiento que hoy tiene eco en todo el país.