La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá, en el caso por manipulación de testigos y fraude procesal, ha desatado una nueva tormenta política en Colombia. El fallo, que pone fin a más de una década de procesos judiciales, fue interpretado por el presidente Gustavo Petro como una muestra de los límites del actual sistema judicial y una oportunidad para impulsar su propuesta de Asamblea Constituyente.
“Este fallo demuestra que en Colombia la justicia protege a los poderosos y castiga a los débiles. Necesitamos un nuevo pacto constitucional que garantice una verdadera democracia”, afirmó Petro durante un acto público en la Casa de Nariño.
El mandatario insistió en que la convocatoria de una Constituyente popular no busca alterar la institucionalidad, sino renovar las bases del Estado con el apoyo de la ciudadanía. Según el presidente, el proceso tendría como ejes centrales la reforma a la justicia, la profundización de la paz y la redistribución equitativa del poder político y económico.
Desde la oposición, dirigentes del Centro Democrático celebraron la absolución de Uribe como una “victoria de la verdad y la justicia” y acusaron a Petro de utilizar el fallo con fines políticos. “El presidente busca deslegitimar a la justicia para justificar una Constituyente que nadie le ha pedido”, señaló la senadora Paloma Valencia.
Analistas coinciden en que el episodio reaviva la polarización política en el país y podría convertirse en un punto de inflexión de cara a las elecciones regionales y legislativas. Mientras el Gobierno busca respaldo social para su propuesta, los sectores opositores se preparan para cerrarle el paso en el Congreso y en las calles.
Con el país dividido entre la celebración y la crítica, el debate sobre una nueva Constitución vuelve al centro de la agenda nacional, en un momento donde la confianza en las instituciones atraviesa uno de sus niveles más bajos de la última década.