El presidente Gustavo Petro ha promovido una versión oficial sobre los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, resaltando la participación del M‑19 y atribuyendo al Ejército responsabilidad en los asesinatos ocurridos durante el operativo.
Esta reinterpretación histórica ha generado debate entre historiadores, políticos y organizaciones de memoria histórica, quienes advierten sobre el riesgo de distorsionar hechos documentados y alterar la percepción de un episodio emblemático en la historia del país.
El gobierno argumenta que la narrativa busca visibilizar responsabilidades históricas y reconocer la magnitud de las víctimas, pero críticos aseguran que esta versión podría estar teñida por intereses políticos y estratégicos de la administración actual.
La discusión se ha trasladado a medios de comunicación, redes sociales y foros académicos, donde diversos sectores exigen un análisis riguroso basado en documentos oficiales, testimonios y archivos judiciales. El caso evidencia cómo la memoria histórica puede convertirse en un instrumento político y cómo las interpretaciones del pasado siguen condicionando la política contemporánea en Colombia.