La precandidata presidencial y senadora Paloma Valencia llamó la atención sobre un posible manejo irregular de recursos públicos en el Ministerio de la Igualdad y Equidad, denunciando la existencia de lo que calificó como un “fondo paralelo” o “fondo oscuro”. Según Valencia, este mecanismo habría permitido contratar directamente, bajo derecho privado, servicios por cifras millonarias, sin la transparencia que exige la ley.
De acuerdo con la senadora, solo a través de este fondo se habrían firmado cuatro contratos con la empresa Laborando S.A.S. por $70.582 millones, destinados a vincular temporalmente a más de 3.300 personas entre 2025 y 2026. A esto se suman dos contratos de operadores logísticos para eventos, por otros $68.949 millones, lo que evidencia, según Valencia, un uso opaco de recursos que supera los $139.500 millones.
Valencia advirtió que la falta de claridad en la contratación y la ejecución de estos fondos genera preocupación sobre la transparencia en la gestión pública, sobre todo en un momento cercano a las elecciones de 2026. Para la senadora, mecanismos como estos ponen en riesgo la confianza ciudadana, al dar la impresión de que los recursos del Estado se manejan de manera discrecional, sin rendición de cuentas y lejos del control de la sociedad.
El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer la fiscalización y la transparencia en los ministerios y fondos especiales, especialmente aquellos que tienen acceso a presupuestos significativos y que operan con modalidades de contratación directa. Para muchos, estos señalamientos subrayan la importancia de que los recursos públicos sean manejados con claridad, ética y responsabilidad, protegiendo los derechos de los ciudadanos y fortaleciendo la confianza en las instituciones.